El PER (hoy PFEA); leyenda urbana, realidad y soluciones

     El conocido como PER (Plan de Empleo Rural) se estableció en España bajo el gobierno de Felipe González y fue un plan de subsidios destinados a los jornaleros de las comunidades de Andalucía y Extremadura. Desde 1996 se llama Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y se aplica en seis comunidades más -aunque ciertamente las dos primeras casi monopolizan las ayudas-.

     Es evidente, para cualquiera que conozca la realidad de Andalucía, que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y especialmente a evitar la despoblación de los pueblos dedicados tradicionalmente a la agricultura.

     En 2008 se dedicaron a este concepto 200 millones de euros; otros sectores como la banca con 50.000 millones dedicados o incluso el sector del automóvil, con ayudas de 5200 millones de euros nos permiten situar la cantidad empleada en este concepto en su justo término, es decir, un importe considerable pero mínimo en comparación con el coste que suponen otros ámbitos de actividad al erario público.

     No comparto la crítica al PER (PFEA) en cuanto a su concepto, estimo que si no existiera habría que implementar algún instrumento similar que teniendo en cuenta las circunstancias particulares del campo andaluz y extremeño permitiera su supervivencia; las especialidades del medio agrario en Andalucía y Extremadura son obviamente el latifundismo y la falta de nivel formativo de la población junto con la ausencia de alternativas ocupacionales en otros sectores de actividad.

    Están desde luego fuera de lugar las críticas realizadas desde otras comunidades acusando de holgazanería a quienes perciben estas ayudas, en un ejercicio lamentable de demagogia; es de común conocimiento lo reducido de las mismas y que éstas ni siquiera alcanzan un salario de supervivencia; hay que vivir esa realidad de manera directa para tomar conciencia de que la mayoría de las veces simplemente palian una situación económica familiar casi desesperada.

     Ocurre sin embargo que partiendo de un concepto plausible y solidario se llega a una situación indeseada: es innegable que se ha utilizado como instrumento político de control del sufragio, el voto cautivo; se ha manipulado el subsidio de tal modo que se ha identificado su implantación con el mérito por parte de una determinada opción política, y el miedo a su supresión, hábilmente manejada en un entorno de bajo nivel cultural y antecedentes políticos seculares nada favorables ha llevado a que los perceptores del PER solo se planteen su voto en una determinada dirección.

     Junto a lo anterior, existe un nivel insoportable de fraude muchas veces propiciado desde la propia administración local fomentando el anteriormente referido voto cautivo y situaciones injustas; es bien sabido que aunque el subsidio no supone más que una mínima ayuda, en el momento en que la cobran varios miembros de la unidad familiar se transforma en un indeseado modo de ganarse la vida sin esfuerzo. Igualmente es de general conocimiento que una inmensa mayoría de los perceptores en realidad no han llegado a trabajar ni un solo día porque existe un tráfico ilegal de peonadas que se firman por parte del empresario agrícola sin haber sido realmente realizadas.

     Por tanto, la solución no es la eliminación del PER, sino por una parte realizar un esfuerzo de comunicación respecto a su planteamiento de futuro, centrándose en hacer entender su mantenimiento dentro de unos límites razonables y mientras resulte preciso por las actuales circunstancias, así como los planes para su eliminación progresiva sobre la base de una economía alternativa, bien mediante el fomento de otros sectores, o a través de reformas no traumáticas en el sector agrario. Del mismo modo, una actuación estricta contra el fraude, de modo que únicamente lo perciban quienes de verdad cumplan los requisitos y lo necesiten por su precaria situación económica, desterrando para siempre la práctica consentida de la compra de peonadas o la falta de trabajadores locales cuando hacen falta jornaleros para la recogida de la fresa o de la zanahoria.

     Ya tiene tarea pues el ministro Arias Cañete y sus colaboradores, comunicación y lucha contra el fraude, si les dejan.

     

Los presupuestos y el silencio. Con mi dinero no, gracias.

     Los últimos años han sido duros. Tiempos difíciles para el ciudadano de a pie que ha tenido que soportar el cúmulo de despropósitos que han supuesto los ocho años de desgobierno de Zapatero. Llegó la crisis pero fue más fácil negarla, acusando incluso de antipatriotas a quienes avisaban de la catastrofe. Después, la inacción, esperando que la crisis pasara como los aguaceros en verano. A continuación, las ocurrencias, como el plan E que llenó nuestros pueblos y ciudades de rotondas inútiles y zanjas que se abrían para volver a cerrarlas con el discurso de que había que dar actividad a la economía. Finalmente, a toda prisa, tarde mal y nunca, unas pocas medidas tan deslavazadas como impopulares. Una gestión lamentable basada en el cortoplacismo electoral que nos ha hundido en la miseria económica y moral, y que ha destrozado nuestra imagen a nivel mundial.

     Llega el final de la fiesta y hay que pagar los platos rotos. Desde Europa nos dictan unos presupuestos que deben ser austeros por fuerza para enderezar el desastre y cumplir nuestras obligaciones, tratando de reparar en la medida de lo posible el derroche de quien gastó lo que no tenía cuando no podía hacerlo, olvidando los más elementales principios de prudencia que debe tener todo gobernante y que conoce cualquier ama de casa que tenga que lidiar con su doméstica economía.

     Y cuando mudos de la vergüenza debían estar los causantes de tal desaguisado, dejando hacer lo que hay que hacer, se permiten criticar acusando de injustos e insolidarios los imprescindibles recortes por supuesto sin aportar ninguna idea y desde luego sin aclarar que iniciativas habría que tomar porque entonces deberían justificar por qué no lo hicieron cuando pudieron y debieron. De entre ellos, destaca por méritos propios el ínclito Valeriano, ministro del paro y hoy inquisidor de las cuentas, que en lugar de tanto discurso vacío debiera explicarnos cómo es que no aplicó la pócima mágica cuando fue su turno.

     Junto a los anteriores, vociferantes ahora tras ocho años de bien pagado silencio, se sitúan los presuntos representantes de los trabajadores también conocidos como los sindicatos mayoritarios, desconociendose sin embargo a quienes representan ni quienes les votaron, y sobre todo quedando inexplicado donde estaban en los años de gestación del desastre para que ahora no den tregua casi desde el primer día en defensa no se sabe muy bien de qué intereses, salvo los suyos propios.

     Es hora de decirles a unos y a otros que el pueblo no se cree sus mentiras fundadas en el consabido aforismo de que la mejor defensa es un buen ataque; a los socialistos hay que decirles alto y claro que no les creemos, que no nos convence que se atrevan a criticar cuando todos los españoles sabemos que la causa de la debacle hacia la que nos encaminamos no es la crisis como ente abstracto pues toda Europa e incluso el resto del mundo la han sufrido igualmente y sin embargo somos record mundial de paro, muy por encima de Grecia o Portugal; y a los sindicatos del mismo modo indicarles que a la mayoría de los españoles nos parece insuficiente el recorte de sus subvenciones que han marcado los presupuestos, que aspiramos a que se les suprima hasta el 100% de lo que perciben de nuestros impuestos, que no soportamos más ni los liberados ni los privilegios ni los discursos vacíos ni la falta de alternativas creíbles, basta ya de populismo barato y de boicot a la economía. El que quiera sindicato que se lo pague, a vivir de las cuotas y si no a casa, desde luego, hacer huelgas generales pagadas con mi dinero no, gracias.